La dirigente del FpV, María José Lubertino, se hizo presente en la marcha “Ni una menos” contra la violencia de género, en donde criticó la falta de aplicación de leyes nacionales en algunas provincias, y puso bajo la lupa el accionar de funcionarios judiciales. “No puede haber ni violadores ni femicidas sueltos”, señaló en diálogo con NOVA.
“Yo milito como feminista desde el año 1982. He participado de todos los encuentros nacionales de mujeres, hemos dado vueltas varias veces el país hablando de estos temas. Entonces, con profundo dolor, pero con mucha esperanza, es que llegamos a esta situación, que pudo evitarse”, señaló la funcionaria sobre la multitudinaria movilización del miércoles en el Congreso.
“Por eso estamos acá, para evitar que se evite la próxima muerte, que según las estadísticas tendría que ocurrir en las próximas horas. Esto quiere decir que todos los referentes políticos de las distintas fuerzas, y que todos los funcionarios de distintos niveles (de los tres poderes), a partir del jueves tienen que cumplir con las exigencias de los tratados internacionales y la Constitución en materia de Derechos Humanos”, enfatizó la ex-interventora del INADI.
Asimismo, la dirigente subrayó el papel de los funcionarios judiciales: “No puede haber violadores ni femicidas sueltos, no hay excusa. Los jueces que dejan en libertad a femicidas y violadores con pretextos misóginos –como los que vimos en los últimos días- no pueden seguir siendo jueces, porque atentan contra la dignidad humana”, afirmó Lubertino.
Otro aspecto que resaltó, es la educación sexual en las escuelas desde el nivel inicial: «tenemos las leyes y las provincias no la están cumpliendo”.
Consultada sobre el motivo de la falta de implementación de estas leyes, la exdiputada responsabilizó directamente a los gobiernos provinciales: “Vivimos en un país federal, y muchas provincias tienen un doble discurso y una doble moral.
Se aprobaron leyes nacionales y no se cumplen en territorios provinciales. Por ejemplo, falta educación sexual, faltan protocolos de atención a las víctimas por parte de la policía”.
En este sentido, Lubertino aclaró que su espacio insistirá en que el Observatorio de Derechos Humanos del Senado “monitoree que las leyes nacionales aprobadas se cumplan en las provincias, que no pongan como excusa que la provincia no adhirió a la Ley nacional”.
“No hay excusa para que un juez provincial no aplique algo que tiene que ver con lo que dice la Constitución y los Tratados internacionales al respecto de este tema”, concluyó.