Ante las últimos informes publicados por INDEC y diversos observatorios sociales, teniendo en cuenta nuestras realidades locales, con las que convivimos cotidianamente en nuestros municipios y que dan muestra de la crisis social que atraviesa nuestro país, queremos hacer expresa, desde el Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires, nuestra mayor preocupación ante las alarmantes cifras tanto en el incremento de la pobreza, como la falta de acceso a la alimentación sana y completa, condición tan necesaria e imperativa para garantizar, ese derecho tan fundamental como comer.
El primer dato alarmante es el arrojado por el reciente informe del Observatorio de la Deuda Social, sobre pobreza multidimensional (medida por diferentes derechos sociales) pasó del 26,6% al 31,3% de la población en la Argentina, del 2017 al 2018, lo que implica que hoy existen 12,7 millones de personas con carencias importantes para su vida.
Hoy, en la Argentina, se necesita $27.570,43 para no ser clasificado como pobre y equivale a $10.032 más que hace un año y apenas $7.000 menos que el salario promedio de la economía.
En este contexto, según datos oficiales del INDEC, el crecimiento de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) y la Canasta Básica Total (CBT) es superior al de salario entre enero de 2017 y enero de 2019. Hoy una familia necesita 2,4 salario mínimo, vital y móvil para afrontar los costos de la CBT, siendo que en enero de 2017 necesitaba 1,3 SVMM.
Esto se explica por el incremento de precios. El índice de precios al consumidor (IPC) llegó en febrero 2019 el 3,8%, alcanzando una variación interanual del 51,3%.
Los datos en la provincia de Buenos Aires son preocupantes, 4 de cada 10 hogares experimentan inseguridad alimentaria solo en el conurbano bonaerense. Mientras que en la Argentina el 13% de niños/as y adolescentes experimentó situaciones de “hambre” durante los últimos doce meses (inseguridad alimentaria severa) en el conurbano bonaerense llegó al 17,4%.
En este contexto de crisis, las políticas sociales alimentarias nacionales y de la provincia de Buenos Aires se deterioraron fuertemente como consecuencia de la disminución de la cobertura y de estancamiento en los valores de las capitas muy por debajo de la inflación. Teniendo en cuenta que en 2017 la inflación fue de 25%, mientras que en 2018 trepo al 48%.
Ejemplo más claro es el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria (PNSA) que desde el 2016 mantiene un monto de $198 por tarjeta alimentaria mensual destinada a familias y personas en situación de vulnerabilidad social. Hoy, con este monto se accede a la compra de 4,5 litros de leche.
El Plan Más Vida, principal programa alimentario destinado a niñas y niños en la primera infancia y mujeres embarazadas, cubre – según datos oficinales del presupuesto provincial – el 11% de la canasta básica alimentaria, aportando a las familias $516 pesos por adulto más $361 por cada hijo.
Según el presupuesto 2019 de la provincia de Buenos Aires el monto destinado a comedores escolares para almuerzo es $ 24,28 diarios, un 12,5% más que en el 2018 y muy por debajo del nivel de inflación.
Desde El Partido Justicialista pedimos al gobierno provincial y nacional que evalúen y adapten los programas de refuerzo social a la realidad que vive hoy el pueblo y reasigne recursos en políticas sociales. Para garantizar el plato de comida todos los días en la mesa de los bonaerenses.
Entendemos que no pueden existir razones de orden económico ni de ajuste que justifiquen poner en peligro un derecho tan básico como “comer” todos los días; ni tampoco eliminar los beneficios de ayuda social para las familias que son hoy las que sufren de manera aberrante la crisis que atravesamos todos los argentinos, de manera progresiva desde el 2015 hasta la fecha.