Ayuda humanitaria
Aunque el continente africano es el más afectado a nivel mundial, también afecta a países de América Latina y el Caribe, de Oriente Medio y de Asia. Los principales focos regionales son Haití, parte de América Central – Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua- y Venezuela, país que se ha convertido en la cuarta mayor crisis alimentaria del mundo durante el año pasado.
La COVID-19 provocará que unos 25 países se enfrenten a niveles devastadores de hambre durante los próximos meses, destaca un nuevo informe conjunto del Programa Mundial de Alimentos y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.
Pese a que las necesidades se concentran mayoritariamente en África, también afecta a los países de América Latina y el Caribe, de Oriente Medio y de Asia que están sufriendo altos niveles de inseguridad alimentaria, según detectó un análisis de alerta temprana de los principales focos de seguridad alimentaria de ambos organismos.
Esta alarmante situación no representó ningún tipo de sorpresa para el director ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos quien ya advirtió de esta posibilidad hace tres meses frente al Consejo de Seguridad cuando anunció “que corríamos el riesgo de una hambruna de proporciones bíblicas».
«Nuestros últimos datos nos dicen que, desde entonces, millones de las familias más pobres del mundo están más cerca del abismo. Los medios de subsistencia se están destruyendo a un ritmo sin precedentes y ahora sus vidas corren un peligro inminente de inanición. No se equivoquen: si no actuamos ahora para poner fin a esta pandemia de sufrimiento humano, muchas personas morirán», afirmó.
Ante esta grave situación, el Programa Mundial de Alimentos amplió sus tareas de ayuda alimentaria a 138 millones de personas.
El costo de la respuesta de la Organización humanitaria a la creciente inseguridad alimentaria se estima en 4900 millones de dólares, con otros 500 millones destinados a prevenir el estallido de la hambruna en los países con mayor riesgo.
Esta suma representa más de la mitad de la actualización del Plan de respuesta humanitario mundial a la pandemia de COVID-19 lanzado este jueves por un valor de más de 10.000 millones de dólares y que representa el mayor llamamiento de la historia de las Naciones Unidas.
Si no se ofrece urgentemente asistencia, el número de personas en situación de inseguridad alimentaria aguda en estos países podría aumentar de los estimados 149 millones antes de la pandemia de COVID-19 a 270 millones antes de finales de año.
Las últimas previsiones también sugieren que durante los próximos seis meses podrían morir cada día hasta 6000 niños por causas evitables como resultado de las alteraciones relacionadas con la pandemia en los servicios esenciales de salud y nutrición.
El hambre y la pobreza van de la mano en América Latina
Tras décadas de una disminución significativa del hambre en la región, en los últimos años ha aumentado con 18,6 millones de personas en niveles de crisis de inseguridad alimentaria, o peores, según la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria (CIF).
“En la región, el hambre proviene predominantemente de la pobreza y no de la falta de alimentos. Ahora, bajo el impacto de COVID-19, la tasa de pobreza podría aumentar del 30,3 al 37,2%, con la pobreza extrema subiendo del 11 al 15,5,5%, según Informe de Políticas sobre el Impacto del Coronavirus en América Latina y el Caribe.
Los tres principales focos regionales son Haití, parte de América Central – Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua- y Venezuela.
La ONU en Venezuela ayuda a combatir la pandemia de coronavirus.
Entre julio y septiembre de 2019, en Venezuela 9,3 millones de personas se encontraban en situación de inseguridad alimentaria y necesitados de asistencia, una situación que convirtió al país sudamericano en la cuarta mayor crisis alimentaria del mundo durante el año pasado.
El informe considera que el impacto de la COVID-19 y sus medidas de confinamiento, junto a la drástica caída de los precios del petróleo, se sumen a la inseguridad alimentaria preexistente, ya que el poder adquisitivo de los venezolanos sigue deteriorándose y los alimentos importados son cada vez más caros.
De acuerdo con las cifras que baraja la Plataforma de Coordinación para los Refugiados y Migrantes de Venezuela, en junio de 2020, había 5,2 millones de migrantes, refugiados y solicitantes de asilo venezolanos en la región.
En Colombia, Ecuador y Perú unos 500.000 migrantes venezolanos ya padecen una grave inseguridad alimentaria, están excluidos en su mayoría de los sistemas nacionales de protección social y de salud y sus medios de vida dependen desproporcionadamente del sector no estructurado.
Al mismo tiempo, el actual deterioro económico de los países de acogida “podría afectar aún más a los medios de vida de los migrantes y los refugiados, así como a los de los grupos sociales marginados de las comunidades de acogida, lo que daría lugar a un aumento de la pobreza y la inseguridad alimentaria y podría potenciar los sentimientos contra los migrantes de las poblaciones locales”.
Las autoridades colombianas de migración informaron que por lo menos 76.000 venezolanos han regresado a Venezuela desde el inicio del establecimiento de las medidas de COVID-19 en los países de acogida, a la vez que se han establecido cuotas para un número máximo de repatriados, dejando a muchos venezolanos en condiciones inseguras y vulnerables en la frontera.
Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua
Las medidas impuestas para contener la pandemia del coronavirus, como las restricciones a la circulación y el distanciamiento social, disminuyeron las fuentes de ingresos y el poder adquisitivo de los hogares pobres junto a una caída de las remesas.
El Programa Mundial de Alimento prevé que continúe esta situación durante los próximos meses y considera probable “que dé lugar a un continuo deterioro de la situación de la seguridad alimentaria”.
Pese a ello, indicó que “las condiciones meteorológicas parecen favorables para el desarrollo de los cultivos en la primera temporada, que suele terminar en septiembre. Sin embargo, las perturbaciones climáticas extremas, como las tormentas tropicales Amanda y Cristóbal, que afectaron principalmente a El Salvador, Guatemala y parte de Honduras a principios de junio, podrían tener un efecto negativo en la producción de alimentos”.
Haití: Menos producción agrícola y disminución de ingreso y poder adquisitivo
Tras la finalización en junio de la principal temporada de lluvias en Haití y registrarse precipitaciones inferiores a la media e irregulares, probablemente se reducirá la producción agrícola y provocará pérdidas de cosechas por otro año consecutivo.
Además, es probable que el país sufra una disminución de ingresos y de poder adquisitivo debido a la falta de trabajo tanto en el sector formal como el informal, a la inflación, a la disminución de las remesas y al cierre de la frontera con la República Dominicana, que ha perjudicado la subsistencia de muchas personas.
Se prevé que los descensos de la producción, combinados con las restricciones del horario de los mercados y otras alteraciones de la cadena de suministro de alimentos, agravarán la actual presión inflacionaria sobre los precios de los alimentos.
Ocho recomendaciones para prevenir las múltiples crisis alimentarias
El informe contiene ocho recomendaciones dirigidas a la comunidad internacional:
Mantener y ampliar la asistencia humanitaria fundamental relativa a los alimentos, la nutrición y los medios de vida.
Adaptar las actividades de asistencia al marco de operaciones de la COVID-19 y promover una financiación flexible
Reducir al mínimo las interrupciones en las cadenas de suministro de alimentos esenciales y garantizar el funcionamiento y la capacidad de recuperación de los sistemas agroalimentarios
Apoyar a los gobiernos a fortalecer y ampliar los sistemas de protección social y reforzar la prestación de servicios básicos
Acceder a los grupos excluidos y considerar el impacto de la COVID-19 en las mujeres y las niñas
Promover la recopilación de datos, la supervisión y la evaluación innovadoras para los programas basados en evidencias
Adecuar las actuaciones para asegurar la inclusión y minimizar las tensiones sociales
Intensificar la coordinación y las alianzas