Ante las consecuencias socioeconómicas de la pandemia de COVID-19, las principales agencias de la ONU pidieron este miércoles los países que aumenten los programas de protección social para ayudar a las personas en mayor riesgo.
Las personas con otras enfermedades infecciosas graves están siendo afectadas significativamente por la pandemia de COVID-19, con aumentos de hasta el 10%, 20% y 36% de muertes proyectadas para pacientes con VIH, tuberculosis y malaria, respectivamente, durante los próximos cinco años.
ONUSIDA, así como varios programas y agencias de la ONU advirtieron sobre “un impacto catastrófico sobre las personas que viven con VIH y tuberculosis” e instaron a los países a adoptar medidas urgentes para reforzar los programas de protección social a fin de proteger a las personas más vulnerables de posibles impactos en la salud y de las consecuencias socioeconómicas de la pandemia.
“Los países deben garantizar que todos puedan recibir servicios esenciales, incluida la atención médica, y deben invertir adecuadamente en programas de protección social” dijo en un comunicado Winnie Byanyima, directora ejecutiva de ONUSIDA.
Según la agencia se necesita proteger especialmente a las mujeres y niñas, los hombres homosexuales y otros hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, trabajadores sexuales, personas que consumen drogas y personas transgénero, ya que muchos de ellos están excluidos de los programas de protección social existentes.
EL IMPACTO SOBRE LOS VULNERABLES
Los más impactados son en particular los que se encuentran en países ya afectados por conflictos, o crisis económicas o climáticas. Los refugiados se encuentran entre los grupos que enfrentan los mayores peligros.
Las agencias advirtieron que en el primer trimestre de 2020 se perdieron unos 150 millones de empleos a tiempo completo y millones de personas más perderán sus medios de vida en los próximos meses.
“En la actualidad, solo el 29 por ciento de la población mundial tiene acceso a una cobertura de protección social adecuada”, dijo Guy Ryder, director general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
“Los gobiernos deben actuar para garantizar la sostenibilidad de los medios de vida, las empresas y los empleos y la protección de la salud, los derechos y los ingresos de los trabajadores durante y después del COVID-19”, agregó.
La vulnerabilidad sobre las mujeres
Las mujeres son particularmente vulnerables a la crisis económica, reiteraron los funcionarios de las Naciones Unidas.
Empleadas desproporcionadamente en los sectores informales, es más probable que pierdan sus ingresos, además, constituyen el 70 por ciento de la fuerza laboral de atención médica y social, y a menudo también se emplean en la primera línea de la respuesta COVID-19.
Asimismo, las mujeres realizan la mayor parte de las tareas domésticas no remuneradas en el hogar, el cuidado de los niños y otras funciones de cuidado.
“Con el bloqueo provocando y aumentando la violencia de género, es imperativo que los gobiernos inviertan en programas de protección social diseñados específicamente para mujeres y niñas”, dijo ONUSIDA.
JUVENTUD EN LA MIRA
Los cierres de escuelas, que han afectado a más del 90% de la población estudiantil mundial, no solo han interrumpido la educación, sino también el acceso de los alumnos a servicios sociales fundamentales, como las comidas escolares.
“Los niños y los jóvenes están sufriendo de manera desproporcionada el impacto socioeconómico de la crisis de COVID-19”, dijo Henrietta H. Fore, directora ejecutiva del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF.
“Antes del brote, dos de cada tres niños no tenían fondos de protección social o eran insuficientes”, agregó.
Además, dijo, la crisis socioeconómica provocada por la pandemia está poniendo en peligro a toda una generación de jóvenes.
“Los países deben estar a la altura de su compromiso con la protección social para todos los que la necesitan”, expresó Fore.
LLAMADO A LA ACCIÓN DE TODA LA ONU
El llamado para que los gobiernos inviertan adecuadamente en programas de protección social cuenta con el respaldo de ONUSIDA, UNICEF, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Programa Mundial de Alimentos (PMA), la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres), la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y el Banco Mundial.