Señora Presidenta,
Le agradezco la invitación y la convocatoria a esta sesión en formato de fórmula Arria del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre Venezuela.
Es un honor también saludar entre los presentes a Diego Arria, creador de este mecanismo que, justamente en el día de hoy, está siendo utilizado para abordar la trágica situación en su país.
Esta reunión es necesaria: en Venezuela hoy se ha instalado una dictadura tiránica, el país es gobernado por un esquema criminal con vínculos oficiales con el narcotráfico y que utiliza los medios del Estado para el tráfico de drogas y el lavado de dinero, los opositores son encarcelados y torturados, las manifestaciones callejeras de este año para reclamar libertades culminaron con más de 120 personas muertas a manos de las fuerzas de seguridad del Estado y más de 15.000 heridos.
Es un país rico, una potencia petrolera mundial de primer orden y la gente carece de alimentos y medicinas, se expanden las enfermedades ya erradicadas del país por años (como la difteria, paludismo y malaria, tener una enfermedad crónica como diabetes ha significado condena de muerte de pacientes).
Hace tiempo que dejó de existir la separación de poderes y que el Poder Judicial no es más que una oficina dependiente del aparato represivo al igual que el Consejo Nacional Electoral, se usurpan, se inventan fraudulentos mecanismos autoritarios como la Asamblea Nacional Constituyente instalada en 2017 instalada sobre la base de un fraude electoral de más de un millón de votos, imaginen ustedes que en sus países, cualquiera sea su sistema político, se agregaran fraudulentamente más de un millón de votos: sola la nulidad del mismo es posible.
En cambio se han anulado las funciones de la Asamblea Nacional electa por el pueblo en 2015.
Todo esto es el resultado de acciones deliberadas del Gobierno de Venezuela y que no pueden ser ignoradas.
En un Hemisferio de democracias, Venezuela se destaca por ser el único país integrante activo de la OEA que ha desmantelado el Estado de Derecho y ha convertido al autoritarismo en la regla.
Los derechos civiles y políticos son permanentemente avasallados.
Al mismo tiempo, el que debería ser uno de los países más ricos y prósperos de la región, se enfrenta a un colapso total y a una profunda crisis humanitaria.
El goce de los derechos económicos, sociales y culturales es negado a las grandes mayorías mientras una minoría en el poder se sigue enriqueciendo de forma corrupta. Miles de millones de dólares llenan las cuentas bancarias de las corruptas autoridades del régimen y sus corruptos funcionarios.
El pueblo sufre la muerte por desnutrición infantil, la muerte de recién nacidos en los hospitales, la condena a muerte de la falta de tratamiento de enfermedades crónicas, la muerte violenta en las calles.
Venezuela es un país integrante de la Organización de los Estados Americanos y signatario (bajo la presidencia de Hugo Chávez) de la Carta Democrática Interamericana.
En las Américas como reza el artículo 1 de la CDI la democracia no es una opción, es una obligación jurídica:
“Los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla.¨
Las violaciones a los principios y compromisos emanados de la Carta Democrática Interamericana obligaron a invocar su Artículo 20 al ser evidente la grave alteración del orden constitucional en el país, como lo recoge la resolución del Consejo Permanente del pasado 3 de abril.
Como dice la Carta de la OEA “Dentro de las Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos constituye un organismo regional”.
Venezuela es, evidentemente, también Estado parte de la ONU. Este vínculo hace que las obligaciones que surgen del sistema interamericano en cuanto a democracia y derechos humanos son susceptibles por esta condición de ser invocadas también dentro del sistema de Naciones Unidas y la violación a esos compromisos regionales también pueden ser denunciados en este foro.
La ONU cuenta con tres pilares que constituyen los principios para los cuales esta Organización existe: el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional, el desarrollo y los derechos humanos.
Venezuela es:
1) una amenaza a la estabilidad y la seguridad de las Américas, causa la mas grave crisis migratoria al presente, tiene instalado al narcotráfico en la cúpula del gobierno: los sobrinos de la pareja presidencial están siendo juzgados en Nueva York por tráfico de drogas, el vicepresidente ha sido catalogado como cabecilla del narcotráfico y se le han congelado bienes por cientos –sino miles- de millones de dólares, el ministro del interior tiene una acusación internacional por narcotráfico, etc etc., generando lazos con redes criminales internacionales y grupos catalogados como terroristas, entregando pasaportes venezolanos a connotados delincuentes internacionales. Nadie debe elegir el camino de ignorar esta información.
2) un obstáculo insalvable al desarrollo, impidiendo al pueblo venezolano el acceso a los bienes y servicios más básicos al generar la peor crisis económica de la historia moderna del país, en un contexto de corrupción en que los gobernantes cuentan con millonarios depósitos bancarios en el extranjero,
3) un violador serial y contumaz de los derechos humanos de su gente. Asesina, tortura, encarcela, censura, inhabilita o depone autoridades electas por el pueblo o designados por procedimientos constitucionales.
Ningún país de la OEA, ni de la ONU, ni mucho menos de este Consejo de Seguridad cuya responsabilidad primordial es el mantenimiento de la paz y seguridad internacionales puede ignorar lo que está sucediendo en Venezuela, ni ser complaciente con la violación sistemática de los derechos humanos de su población.
Cuantas más voces condenen estas acciones, más cerca estaremos de recuperar las libertades para los venezolanos.
El silencio, las excusas metodológicas o procesales, las ausencias, el lenguaje neutro o condescendiente y mantener calladas o descalificar las denuncias son la principal causa de que el régimen venezolano aún torture, asesine, persiga y tenga presos de conciencia.
No existe argumento político, jurídico o económico que justifique ir de la mano de los asesinos y de los torturadores.
La realpolitik mal entendida a la hora de evitar las condenas y las sanciones se transforma en inmoralpolitik.
El régimen ha demostrado repetidamente que su único interés es utilizar la fuerza y los recursos del Estado y de su pueblo para perpetuarse en el poder y preservar sus privilegios y que está dispuesto a utilizar cualquier medida para lograr ese objetivo. El régimen de Caracas representa una amenaza constante para la prosperidad, la salud y la vida de sus ciudadanos, así como significa un factor esencial de desestabilización social y política en la región.
Con la activación del Plan Zamora, en el pasado mes de abril, el gobierno convirtió a cualquier persona de la oposición o a cualquier persona que lo critica en enemigo interno del Estado, recordando los peores momentos de las dictaduras y las guerras sucias del Cono Sur de los años 70 y 80.
Miles de ciudadanos han sido detenidos arbitrariamente, la mayoría sin juicio, han sido llevados ante tribunales militares, han sido atacados, golpeados y torturados.
El pueblo venezolano merece recuperar su democracia, sus derechos y sus libertades.
Esta es tarea del pueblo de Venezuela, pero es responsabilidad ineludible también de la comunidad internacional trabajar para ese fin.
Es hora de tomar las medidas necesarias para enfrentar la crisis sin precedentes que atraviesa Venezuela y contribuir a restaurar el orden constitucional, como ser:
Primero, seguir insistiendo sobre el cabal cumplimiento de las recomendaciones que he formulado en mis cuatro informes sobre la situación en Venezuela: la anulación de la Asamblea Nacional Constituyente, el cese inmediato de la represión, la liberación de todos los presos políticos, el fin de la tortura, un calendario electoral integral –incluyendo elecciones presidenciales- que asegure la celebración de comicios libres, justos y transparentes con observación internacional de la UE y la OEA, las dos organizaciones internacionales con mejores capacidades en ese sentido, el retorno al orden constitucional con el pleno respeto a la separación de poderes, la apertura de un canal humanitario.
Segundo, apoyar la institucionalidad democrática venezolana, como la Asamblea Nacional, y la Corte Suprema legítima, que se encuentra hoy en el exilio.
Tercero, son necesarias sanciones cada vez más severas dirigidas contra el régimen y contra los integrantes del régimen responsables de violaciones de los derechos humanos o que están involucrados en la delincuencia organizada transnacional, así como contra quienes han atentado contra la democracia. Hacemos nuestras las palabras del Presidente Macri pidiendo embargo petrolero. Como hemos visto la muerte, la pobreza y el sufrimiento son responsabilidad directa de este gobierno, de su ineficiencia, de sus actividades criminales y de su corrupción.
Finalmente, continuar con las investigaciones para determinar si se han cometido –y si se siguen cometiendo- crímenes de lesa humanidad por parte de los dirigentes del gobierno venezolano.
Los trabajos en curso analizan pruebas que demuestran el uso de asesinatos, encarcelaciones, tortura, violaciones y otras formas de violencia sexual, como parte del ataque en contra de la población civil opositora en Venezuela.
Los expertos juristas a cargo de esta tarea deberán determinar si la situación en el país merece ser elevada a la atención de la Corte Penal Internacional.
La tragedia venezolana nos ha puesto a prueba.
Estoy convencido de que nuestra respuesta como comunidad internacional en apoyo al pueblo venezolano dejará un precedente para el futuro de nuestros pueblos y el respeto, promoción y protección de los derechos humanos.
Hay sólo dos opciones: que intereses políticos, ideológicos, económicos o personales nos hagan mirar para el costado, o que cumplamos con nuestro deber y nuestros valores actuando en favor del pueblo de Venezuela.
Muchas gracias.
MÉXICO PRESENTÓ ESTRATEGIA NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD DESARROLLADA CON APOYO DE LA OEA
El gobierno de México presentó hoy su nueva Estrategia Nacional de Ciberseguridad, que fue desarrollada con la colaboración de la Organización de los Estados Americanos (OEA). La presentación tuvo lugar durante la inauguración de la Tercera Semana Nacional de Ciberseguridad en la Ciudad de México.
La Estrategia, que tiene como objetivo mejorar las capacidades de seguridad en el ciberespacio del país, contó con la colaboración del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) de la OEA, a través de su Programa de Seguridad Cibernética. En junio, en el marco de la Asamblea General de la OEA en Cancún, la OEA entregó al gobierno de México una serie de recomendaciones para el desarrollo de la Estrategia que hoy se presentó.
Durante la inauguración, la Secretaria Ejecutiva de CICTE, Alison August-Treppel, afirmó que “la ciberseguridad debe trabajar para que Internet siga siendo un espacio donde la democracia pueda alcanzar su plenitud, el desarrollo socioeconómico pueda seguir avanzando, y los derechos humanos sean respetados”.
Por su parte, el Jefe de la Unidad de Innovación y Estrategia Tecnológica de la oficina de la Presidencia de la República, Victor Lagunes Soto, destacó que “la OEA nos ha acompañado todo este año de manera ejemplar, un acompañamiento en el cual no vienen sólo como observadores, sino también a aportar con expertos internacionales, a aportar con conocimientos, y a aportar con las mejores prácticas del ámbito internacional”.
Con la elaboración de su Estrategia, México se une al grupo de países que han adoptado una Estrategia Nacional de Ciberseguridad. Los otros son Colombia (2011 y 2016), Panamá (2013), Trinidad y Tobago (2013), Jamaica (2015), Paraguay (abril de 2017), Chile (abril de 2017) y Costa Rica (abril de 2017).
El apoyo de la OEA en el desarrollo de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad de México se hizo posible gracias a las contribuciones financieras del gobierno de Canadá.
Más información sobre el Programa de Ciberseguridad de la OEA disponible aquí
LA DONACIÓN DEL PAPA FRANCISCO AYUDA A FAMILIAS QUE PADECEN HAMBRE EN SUDÁN DEL SUR
– Las familias que padecen hambre en Sudán del Sur podrán subsistir gracias al material para el cultivo de hortalizas financiado con una donación del Papa Francisco. El suministro de este material coincide con el pronóstico de un empeoramiento de la situación de la seguridad alimentaria en los próximos meses.
Unas 5 000 familias -más de 30 000 personas- en Yei, en Equatoria Central, son los beneficiarios de una reciente contribución de 25 000 euros del Pontífice a la FAO. Los fondos se están usando para suministrar semillas para el cultivo de hortalizas y aperos agrícolas en una zona donde los medios de vida, entre ellos la agricultura, han sido devastados por los combates.
“Antes de la guerra vivíamos bien y podíamos comer lo suficiente, ahora solo algo en el desayuno y la cena. Mi hijo llora todavía porque tiene hambre”, explicaba Suzan Night, de 22 años, una de las beneficiarias que recibieron el material de la FAO esta semana en Yei. “Las cebollas y los tomates –añadió- pueden venderse en el mercado, lo que realmente me ayudará”.
El material para la siembra “puede suponer la diferencia entre la vida y la muerte para muchas personas”, aseguró Serge Tissot, Representante de la FAO en Sudán del Sur. “Gracias a la contribución del Papa Francisco –añadió-, más gente en Yei podrá volver a producir sus propios alimentos y evitar los peores estragos del hambre”.
Las semillas corresponden a siete variedades de hortalizas de crecimiento rápido, con el objetivo de aumentar el acceso de las familias a alimentos nutritivos y cerrar la brecha alimentaria que se produce entre dos cosechas de cereales.
“No tengo dinero para comprar alimentos en el mercado, así que realmente necesito esta ayuda”, señaló Candiru Lily, de 30 años de edad. “Tuve que escapar de la aldea para para salvar mi vida y ahora estoy aquí en Yei, pero tengo muy poca tierra. Con las semillas que me dieron hoy, plantaré cerca de mi casa y eso me ayudará mucho”.
Se calcula que unas 145 000 personas en Equatoria Central se enfrentan a niveles de emergencia de inseguridad alimentaria, lo que supone tan solo un escalón por debajo de la hambruna en la clasificación usada a nivel internacional.
La magnitud del hambre se repite con frecuencia en otras comunidades en todo Sudán del Sur, ya que los enfrentamientos han destruido los medios de vida y limitado el acceso de organismos humanitarios, y porque la hiperinflación ha puesto el precio de los alimentos fuera del alcance de muchas personas.
“Estamos muy agradecidos”, subrayó Jeremiah Taban, pastor de la Iglesia Episcopal de Yei. “La población en Sudán del Sur está realmente sufriendo y suspirando por la paz. Si el Papa Francisco pudiera vernos ahora, se sentiría triste, porque ningún ser humano debería vivir así”.
El hambre podría anticiparse
El número de personas que padecen inseguridad alimentaria grave en Sudán del Sur puede alcanzar los 4,8 millones. La situación de la seguridad alimentaria podría empeorar a principios de 2018, ya que se prevé que la “temporada de carestía” -cuando las familias suelen quedarse sin alimentos antes de la siguiente cosecha-, comience tres meses antes de lo habitual.
El equipo de la FAO en Sudán del Sur está centrando en fortalecer la seguridad alimentaria, mejorando los medios de subsistencia. El organismo de la ONU ha proporcionado material de pesca, agrícola y para el cultivo de hortalizas a más de 4,2 millones de personas -muchas de ellas en zonas de difícil acceso o afectadas por el conflicto- para ayudarles a producir sus propios alimentos. La FAO también ha vacunado y tratado a más de 4,8 millones de animales para proteger estos activos vitales para el sustento de las familias vulnerables.
CHILE APORTA 250.000 DÓLARES EN BECAS A PAÍSES DEL CARICOM A TRAVÉS DE LA OEA
La Agencia de Cooperación Internacional de Chile (AGCI) aportará 250.000 dólares en becas para estudiantes de los países de la Comunidad del Caribe (CARICOM) a través de la Organización de los Estados Americanos (OEA), según el acuerdo firmado hoy por la AGCI y la OEA.
El Director Ejecutivo de la Agencia de Cooperación Internacional de Chile, Juan Pablo Lira, manifestó que la educación es un factor clave para ayudar a los países caribeños a afrontar los desafíos del cambio climático.
“El Gobierno de Chile está muy feliz por tener la posibilidad de cooperar con los países del Caribe y con la OEA, porque sabemos perfectamente cuán importante es tener becas de estudio”, agregó el diplomático chileno, que recordó los varios desastres naturales que afrontó la región caribeña en los últimos meses.
Por su parte, el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, valoró el aporte del gobierno chileno y destacó el papel que cumple el programa de becas de la Organización en la formación de jóvenes caribeños. “Nuestra unidad y fortaleza está en la unión de nuestros Países Miembros y en su capacidad para trabajar juntos, así como en los principios y valores que compartimos.
Es por eso que celebramos el acuerdo con Chile y los países del CARICOM, porque representa un paso más hacia la solidaridad y cooperación regional”, dijo Almagro.
La contribución será gestionada por el Fondo Capital del Programa de Becas y Capacitación de la OEA para financiar estudios en el área de prevención de desastres en los países del CARICOM. Catorce de los 35 países miembros de la OEA son también miembros del CARICOM.