2030 queremos dejar atrás la pobreza tal como la conocemos hoy y pasar a un hemisferio con equidad, donde los patrones de producción y consumo se inviertan y den lugar a modelos más sostenibles de vida en común, es imperioso comenzar ya a dar los pasos en esa dirección y para ello estamos ante un claro desafío cultural y ético.
Avanzar hacia la sostenibilidad integral en nuestro hemisferio requiere de una transformación institucional que genere un nuevo alineamiento entre los objetivos a lograr y el soporte institucional para poder alcanzarlos.
Cuando la ONU adoptó la Agenda 2030 con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), de hecho se generó un clara guía de acción para todos los Gobiernos, así como para sus socios en desarrollo a nivel nacional, regional e internacional.
Esta nueva agenda plantea que las iniciativas para poner fin a la pobreza, en todas sus dimensiones- deben ir de la mano de estrategias que favorezcan el crecimiento económico y aborden una serie de necesidades sociales, entre las que se señalan:
la igualdad de género,
el acceso a una educación de calidad,
el acceso a la salud y el bienestar, y
el acceso a las oportunidades de empleo y desarrollo económico
El desarrollo sostenible es inherente a una nueva ética en la gestión de gobierno.
Poner por delante el bien común, por encima de intereses partidarios, personales o de perpetuación en el poder es un punto de partida esencial e inevitable si se quiere ser consecuente con los objetivos 2030.
Lo mismo diría de la acción empresarial. Si bien el lucro guía la acción del sector privado, más y más líderes empresariales perciben que el bien común, y la sostenibilidad ambiental se van convirtiendo, en los hechos, en su licencia para operar.
Empero, en sociedades donde el conflicto es lo permanente y la resolución de problemas lo accesorio, la incertidumbre ganará cada vez más espacio y tornará más difícil lograr un horizonte común de sostenibilidad.
El derecho a la sostenibilidad integral, no es solamente una necesidad de nuestra generación, sino que fundamentalmente lo es para la generación de nuestros hijos y nietos.
Tenemos la obligación, la responsabilidad y el deber de asegurar que las futuras generaciones puedan tener la capacidad de optar por un modelo de desarrollo diferente al actual.
Por ende, no podemos entregarles un planeta herido de muerte, un tejido social resquebrajado, un modelo económico con el mercado como único referente y un sistema político con valores de corto plazo.
Todo lo contrario, debemos involucrar decididamente a la juventud para que ellos los jóvenes puedan ser los artífices de su propio destino, para que se generen las condiciones viables para una transformación y una transición hacia sociedades orientadas por el bien común, una mejor calidad de vida, donde los derechos se expandan a todos los ciudadanos.
Hacia allí vamos, con nuestro trabajo día a día, si construimos consensos en lugar de conflictos, si resolvemos problemas en lugar de exacerbarlos, si ampliamos el goce de derechos a cada vez más personas en lugar de cercenarlos, si incluimos cada vez más gente en los procesos productivos y sus beneficios en lugar de excluirlos, si el estado y el mercado se combinan de una manera tal que ponen el interés de la gente primero.
Ya es hora de que en nuestro hemisferio, la raza, el lugar donde uno nace, el género o la orientación sexual dejen de ser el obstáculo que separa a la gente de las oportunidades de progreso.
La Declaración de Santo Domingo será fiel reflejo de que los desafíos multidimensionales del desarrollo sostenible – económicos, sociales y ambientales deberán ser abordados por instituciones innovadoras, donde del interés sectorial se pase a la dimensión transversal dominada por valores como la equidad, la inclusión y la prosperidad compartida.
Nuestro continente sigue siendo aún hoy, una de las regiones más desiguales del mundo.
La ineficiencia en cuanto a la distribución de ingresos, bienes, acceso a servicios básicos y justicia han sido una constante que afecta directamente el pleno ejercicio de los derechos políticos, económicos, sociales y culturales de la ciudadanía, y tienen un impacto negativo en la estabilidad de nuestras democracias.
Por ello es crítico mantener los niveles de progreso social logrados en los últimos años.
La Secretaría General ha colaborado con los diversos actores de la sociedad civil organizada generando un claro ejemplo de cómo trabajando conjuntamente (gobiernos, sociedad civil y OEA), se puede avanzar en el logro de metas comunes en las Américas.
La ciudadanía, como agente de cambio y actor fundamental en las sociedades democráticas, exige cada vez un mayor acceso a una información completa y de calidad que está en manos de las autoridades en todos los estamentos de la estructura pública.
Esto implica tener servidores públicos capacitados que ayuden a fomentar la confianza de la ciudadanía asegurando el más amplio y fácil acceso a quienes se interesen.
Es nuestro compromiso seguir promoviendo la Ley Modelo Interamericana, complementada por el Programa Interamericano para el Acceso a la Información Pública que ha de ser adoptado en el marco de esta Asamblea General, y que establece una serie de acciones dirigidas a poner en práctica tanto a nivel legislativo como de políticas públicas, los estándares contenidos en la Ley Modelo.
Una de las principales herramientas para promover sociedades más transparentes, más abiertas e informadas son las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), respecto de las cuales la Declaración de Santo Domingo llama a fomentar un acceso equitativo con un uso eficiente de los recursos disponibles.
Obviamente el uso de dichas tecnologías debe ser también garantizado por nuestros gobiernos en particular, con un apropiado sistema de protección de datos personales. En ese sentido, desde hace varios años la OEA ha venido construyendo las bases para lograr consensos importantes en este campo.
Debemos recordar que la propia Asamblea General ha reafirmado la importancia de proteger los datos personales y de respetar el derecho a la privacidad, y que tanto el acceso a la información pública como la protección de datos personales son valores fundamentales y complementarios.
Por su parte, la Ley Modelo sobre Sociedades por Acción Simplificadas, adoptada recientemente por el Comité Jurídico Interamericano, y puesta a disposición de los órganos políticos de la Organización para que pueda ser adoptada, difundida e implementada en los países de la región, contribuye a la modernización y racionalización del proceso legal para que las micro, pequeñas y medianas empresas queden constituidas sin recurrir a procedimientos largos y costosos.
Además los programas pro paz que gestiona la OEA son claves en el recorrido hacia un hemisferio más sostenible. El proceso Belize-Guatemala es sin lugar a dudas una de nuestras prioridades, especialmente teniendo en cuenta que se trata de la única controversia territorial que se está mediando en el marco de la OEA.
Por otra parte nuestro apoyo al proceso de paz en Colombia a través de la misión MAPP- OEA es fiel reflejo de nuestro compromiso ineludible con tan noble objetivo.
Quisiera subrayar en este último año también se han diseñado y algunas están en proceso de implementación, cinco nuevas iniciativas estratégicas hemisféricas que contribuirán, cada de diferente forma, al fortalecimiento institucional y desarrollo sostenible.
La “Escuela de Gobierno”, implementada por la Secretaria de Asuntos Hemisféricos, es un programa cuyo objetivo es brindar capacidades a la ciudadanía para poder ejercer, en igualdad de condiciones, su derecho de participación ciudadana.
Estará orientada a fortalecer las capacidades y habilidades de funcionarios públicos, líderes políticos, actores sociales y la ciudadanía en general para promover la participación activa en las políticas públicas que afectan la calidad de vida.
El “Sistema Interamericano de Educación”, bajo la responsabilidad de la Secretaría de Acceso a Derechos y Equidad, tiene el objetivo de fortalecer las políticas públicas y estrategias de carácter educativo con una perspectiva multisectorial.
Ello con el fin de incidir en las condiciones estructurales que determinan la inclusión social de niños, niñas y adolescentes; y, multiplicar oportunidades para ejercer plenamente su derecho al acceso a una educación inclusiva y de calidad.
La iniciativa “Prevención y gestión de desastres naturales en el Caribe y en Centroamérica”, liderada por la Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral y la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL), busca articular una red multilateral de acción coordinada, efectiva de asistencia humanitaria en la región.
Cada año la ciudadanía de las Américas se ve gravemente afectada por las consecuencias de los desastres naturales.
Cuando estos se producen, las poblaciones más afectadas son las más pobres, las mismas que viven en zonas vulnerables a los desastres.
Esta iniciativa se enfocará en integrar las distintas estrategias, mecanismos y planes que realizan distintas organizaciones para desarrollar una acción coordinada en la prevención y mitigación de desastres y asistencia humanitaria.
Por su parte, la iniciativa “Prevención de conflictos sociales” es un programa de la Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral que busca contribuir al manejo efectivo de la conflictividad social en las Américas.
La iniciativa promueve el intercambio de buenas prácticas empresariales en la inversión, exploración y explotación de recursos naturales, en concordancia con las obligaciones en materia de derechos humanos y protección del medio ambiente.
A través de este proyecto, la Secretaría General propone dar el primer paso para lacreación de un Sistema regional de prevención de conflictos sociales relacionados con proyectos de exploración y explotación de recursos mineros o petroleros que incidan sobre comunidades locales.
Por último, el programa de “Interconectividad en el Caribe” a cargo de la Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral y Secretaría Ejecutiva de la CITEL, es una iniciativa que conectará al Caribe a través de las telecomunicaciones, enfocándose en la conexión digital, fluvial y educativa.
Se fomentará el conocimiento y la formación basada en las nuevas aplicaciones y plataformas existentes para el desarrollo de habilidades de los jóvenes empresarios, agricultores, pescadores, temas clave para el fomento del desarrollo sostenible.
También en el último año hemos puesto en práctica un innovador programa a favor de la transparencia, la integridad y la rendición de cuentas.
La misión anticorrupción de la OEA en Honduras, la MACCIH, ya en pleno despliegue es un ejemplo tangible de como la OEA puede asistir a los países en el combate y erradicación de este flagelo que corroe nuestras democracias. Esperamos poder dar respuesta a similares demandas de otros países.
AMIGAS y AMIGOS
Seamos consecuentes. Si predicamos instituciones inclusivas, eficaces, responsables, transparentes y justas hacia afuera, hagamos lo mismo hacia lo interno de nuestra Organización.
Lograr un mayor nivel de fortalecimiento institucional para el desarrollo sostenible que permita el goce amplio de derechos de todas las personas de las Américas- implica que los principios del bien común deben de prevalecer sobre los intereses particulares.
Este es el llamado que les hago hoy: Los invito a consolidar a la OEA como una Organización guiada por principios y una visión compartida en materia de democracia, DDHH, Seguridad Multidimensional y Desarrollo Integral.
Recorramos juntos el camino que va de la letra escrita a la acción. Juntemos dichos y hechos y coloquemos entonces a la OEA cada vez más cerca de la gente.